Hace 15 años, Carmen -nombre ficticio- era una estudiante de doctorado en matemáticas en una universidad pública. Su beca finalizó y su tutor de la tesis le recomendó buscar otro empleo y comenzar a trabajar como profesora asociada en la facultad, como forma de seguir vinculada a la universidad hasta terminar su doctorado.
"Me puse a trabajar a media jornada en una academia y, por las mañanas, como docente en la universidad", declara Carmen. Su plan de acabar el doctorado, sin embargo, tuvo que ser pospuesto ante la enorme carga de trabajo que asumió con su nuevo puesto en la universidad. "Trabajamos exactamente igual que un profesor titular, pero cobrando la cuarta parte".
La figura del profesor asociado se creó con la Ley de Reforma Universitaria de 1983 y consistía en la contratación temporal de "especialistas de reconocida competencia que desarrollen normalmente su actividad profesional fuera de la universidad".
El objetivo era acercar a la universidad al mundo de la empresa privada, pero lo cierto es que la figura ha acabado convirtiéndose en un atajo para ahorrar gastos en salarios por parte de una universidad pública con una financiación que ha ido menguando año a año.
El ministro de Universidades, Manuel Castells, designado por Unidas Podemos, anunció la semana pasada que la nueva Ley Universitaria que buscará su aprobación en el Congreso en los próximos meses incluirá varias medidas destinadas a paliar la situación de este colectivo.
Una lucha "altruista y voluntarista"
Javier Fernández entró a trabajar en la Universidad de Cádiz mediante este tipo de contrato hace 14 años. "La idea general era buena porque lo que se quería era que ciertos profesionales que tenemos un bagaje dentro del mundo real transmitiéramos conocimientos y contactos al universitario", declara Fernández, que ahora, tras década y media como profesor asociado, denuncia que el concepto "ha sufrido un uso intensivo y se ha desvirtuado".
Por un lado, estos profesores, cuya contratación estaba pensada como temporal, pueden encadenar renovaciones anuales durante años y, por otra, sus bajos salarios no se corresponden con el trabajo real que llevan a cabo, muy similar, en muchos casos, al de los profesores titulares.
Según los datos aportados por el propio Ministerio en la exposición pública de la ley, hay, actualmente, 35.000 profesores asociados contratados por las universidades públicas españolas, lo que supone el 34,4% del conjunto del personal docente e investigador total.
"A igual trabajo, igual salario", reclama Fernández a pesar de que admite que, en su caso, la motivación no es ni económica ni la de perseguir una carrera docente: "Es una lucha altruista y voluntarista porque si no, al final, vamos a tener una universidad que va a tener profesores que nunca han estado en la empresa privada y se producirá una mercantilización de la educación con las empresas privadas".
Los asociados rechazan la Ley Castells
A medida que la figura del profesor asociado iba alejándose de su sentido originario, también iban llegando sentencias judiciales que daban la razón a los docentes que denunciaron su situación y les reconocían como trabajadores indefinidos no fijos.
En este contexto, el ministerio encabezado por Castells, volverá a establecer de nuevo el límite de profesores con contrato temporal en un 20% -este porcentaje se amplió hasta el 40% con la Ley Orgánica de Universidades de 2001-. Además, el nuevo texto legal establecerá programas de estabilización para el profesorado asociado que tenga un doctorado y quiera pasar a tener un puesto como titular.
La propuesta ha sido acogida con poco entusiasmo por parte de la Asociación Estatal del Profesorado Asociado, la principal plataforma de este colectivo en la universidad pública.
En un comunicado hecho público la semana pasada, esta asociación defendía que el profesorado asociado "ha sido el sostén de la universidad pública en los últimos 20 años y no puede ser despedido de un plumazo", en referencia a esa obligada reducción de los contratos temporales por parte de las universidades públicas. "El fraude de ley sostenido en la contratación de los asociados no lo han de pagar las víctimas", añadía el comunicado.
Los dos tipos de asociados
En las últimas décadas se han establecidos dos grandes grupos de profesores asociados: los que ven su trabajo como docentes universitarios como una actividad accesoria a su trabajo en la empresa privada y los que persiguen promocionar y hacer carrera en la universidad.
Este útlimo es el caso de Ana María Hernández, de 47 años, que ha impartido, durante los últimos cuatro, asignaturas de sociología y ciencias políticas en la Universidad Carlos III de Madrid. "Ser asociado es como ser el esclavo del resto de profesores", sentencia esta profesional del tercer sector.
Hernández está ultimando su doctorado, pero, aún así, ve difícil que los programas de estabilización proyectados por la Ley Castells puedan acabar dándole un puesto como profesor titular en una institución que califica de endogámica y en un contexto de competencia entre los propios profesores asociados y ayudantes doctores.
"Lo que hay que generar son plazas porque eso es lo que está creando tanta conflictividad dentro de los departamentos", declara Hernández, que prevé seguir con su plaza de asociada "hasta que la pierda o la abandone yo misma, porque esto es una lucha de titanes".
Un "maltrato"
Sandra García, una fisioterapeuta que compagina su trabajo en su gabinete y en un equipo deportivo nacional con su trabajo de asociada en la Universidad de Valladolid desde hace 10 años, considera un “maltrato” que personas que llevan una trayectoria tan larga como la suya sigan sujetas a un contrato temporal que se renueva anualmente.
"La solución sería favorecer que te hagas doctor con un sueldo que te permita reducir tu trabajo fuera de la universidad, pero uno digno, no uno de 600 euros como el que cobramos", declara García, que asegura que ella misma se plantearía realizar un doctorado bajo esas circunstancias. "Otra vía sería que, a la gente que lleva más años dando clase en la universidad, se le creara una figura protegida, con un contrato indefinido y con mejoras laborales".
La bautizada como Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) volverá al Consejo de Ministros en las próximas semanas como paso previo a su aprobación en el Congreso, siempre que consiga reunir una mayoría en la cámara en la que los partidos que conforman el Gobierno de coalición no ostentan la mayoría.
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